«La lacra de la corrupción política en España», titula El País de hoy, 10 de enero de 2013. «Más de 200 cargos imputados y protegidos en sólo cinco Comunidades». Efectivamente, esto es el cuento de nunca acabar. El ciudadano se pregunta, cabreado y confuso, cuál es la función del político/a en España. La respuesta está en la calle. Nada de teorías de la representatividad ni discursos legales zarzaleros. No, nada de eso. El hombre de la calle clama contra los políticos porque están en la política para aprovecharse. Ciertamente, no es exacta la afirmación. En buena lógica, no es permisible deducir una consecuencia general de una premisa particular. El hecho de que uno o trescientos políticos/as sean corruptos no quiere decir que todos lo sean. De acuerdo. Pero clama al cielo que los corruptos «estén protegidos», en tanto en cuanto no se les da la patada en el culo y siguen aferrados al cargo, con la anuencia (o connivencia, lo que sería peor) de sus jefes. Para terminar, un escándalo más: el de los teléfonos móviles de Torrevieja: más de 400.000 euros para unas 500 líneas de teléfonos. ¿Cómo es posible que concejales y concejalas de Torrevieja necesiten hablar tanto? Fácil: llamadas a teléfonos eróticos, a concursos nocturnos de televisión, compra de servicios porno o llamadas personales abusivas. Lo sorprende es que la gente va y los vota. (Pérez-Reverte ha escrito que España es el país con mayor número de imbéciles por metro cuadrado).
Imbéciles, no sé. Pero lo que es cierto es que el ciudadano ve todo esto y parece ya como resignado, como que ya no se puede hacer nada, solo seguir dejando que nos engañen, nos saqueen y nos arruinen. Y luego ¡vamos y les votamos! (¡estamos de cojones!)
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