CORRUPCIÓN Y PENSIONES

Ayer presidió el rey don Juan Carlos la presentación de la Memoria 2012 de la Fiscalía General del Estado. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado que en los últimos tres años se ha registrado un incremento del 17 % en las causas abiertas y delitos relacionados con la corrupción, como malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o fraude. ¿Quién consituye la base de ese incremento del 17 por ciento de corruptos? Ya sé la respuesta: los políticos. Pues no señor. Aunque los políticos lleven incrustada en la piel el tatuaje barroco de barrer para casa (a pesar de la engañifa y las promesas), no son los culpables de la corrupción. Son el resultado de la corrupción, constituyen el rebaño que trisca por los prados de la corrupción, pero no son los culpables. La culpa hay que achacarla a las leyes, unas leyes permisivas y embarulladas que ralentizan la acción de la justicia e impiden que cada cual pague por lo que hace. El Gobierno tendría que empeñarse en reformarlas, en vez de reformar las pensiones. Tiene un halo de misterio equivocado la aparente contradicción en la que se zambulle el Gobierno: por un lado invierte 37.000 millones de euros en reflotar las Cajas; por otro, pretende ahorrar 33.000 millones de los pensionistas. Sin embargo la ministra Báñez, con su cara de pedir disculpas cada vez que habla, va y dice que «Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre». Es un chiste ¿no? Una subida del 0'5 por ciento no da ni para jugar a la rana en los centros de acogida.